23.02.2018

Lucha autonómica contra la pasividad de Rajoy y el cambio climático

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Efectos de la sequía en Alicante. Foto: Jesús Alenda / Flickr Creative Commons.

Efectos de la sequía en Alicante. Foto: Jesús Alenda / Flickr Creative Commons.

En esta nueva colaboración de Equo con ‘El Asombrario’, la autora repasa leyes autonómicas para poner freno al cambio climático. En Andalucía, Navarra, Cataluña, Baleares. Frente a la inacción del gobierno central del PP –o directamente su alineamiento con el oligopolio energético en detrimento de los graves problemas medioambientales-, hay ciudades y gobiernos autónomos que sí quieren hacer algo. Y ya. Por lo menos, que se lo permitan.

Por BEATRIZ DEL HOYO (Comisión Ejecutiva Federal de Equo)

Apenas nadie niega que el cambio climático es el principal reto ambiental del siglo XXI. Desde el principio del siglo XXI, nuestro planeta ha experimentado cinco años de récord de calor: en 2016, 2015, 2014, 2010 y 2005. Cada verano batimos récords de temperaturas máximas, de concentración de partículas de CO2 en la atmósfera, de reducción del hielo ártico, de pérdidas de especies… Pero, al tiempo que aumentan las temperaturas, el clima cada vez se vuelve más extremo; y los efectos del cambio climático que los científicos preveían para la década de 2030 ya están entre nosotros. El cambio climático se está acelerando y es palpable aquí y ahora.

Sin embargo, con un Gobierno central pasivo en la lucha contra el cambio climático, han tenido que ser algunos gobiernos locales y autonómicos quienes han tomado las riendas de la acción climática. 

La primera ley de cambio climático fue aprobada en 2006 en California por Arnold Schwarzenegger, la siguiente en Reino Unido, en 2008, Escocia (2009), Dinamarca (2009) y otros países de nuestro entorno ya tienen su ley del clima. Pero en España seguimos esperando el borrador del texto prometido en la Cumbre del Clima de Marrakech. Y aún no hay fecha a la vista. Ante esta inacción, varias administraciones autonómicas han ido rellenando el vacío, con diferente éxito, a distinto ritmo y con ambición diversa. Por ejemplo, el Gobierno de Andalucía presentó su anteproyecto de Ley de Medidas Frente al Cambio Climático en octubre del año pasado. Un proyecto que llega con mucho retraso (tres años desde su anuncio inicial), y muy poco ambicioso en sus planteamientos y objetivos: prevé una reducción de las emisiones en las grandes ciudades de solo un 18 % para 2030, muy lejos del 40 % establecido desde Europa para esa fecha, y toma como referencia para esa reducción el año 2005, en lugar de 1990, que es el año de referencia establecido en la mayoría de tratados internacionales desde Kyoto.

Lo mismo sucede en el caso de Navarra, cuyo Gobierno ha aprobado recientemente la Hoja de Ruta del Cambio Climático y el Plan de Energía de Navarra 2030, y prevé para este año el desarrollo de una Ley, marcándose el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% en 2030, tomando también 2005 como año de referencia. Sin embargo, tomar como referencia el año 2005, un año de muchas emisiones, implica que el esfuerzo real será menor y no supondrá una mejora sustancial respecto a los niveles vigentes que tenemos hoy por hoy.

También, el 27 de julio de 2017 Cataluña aprobó su Ley de Cambio Climático, una ley que ahora está recurrida ante el Constitucional por el PP. Pero, más allá del debate competencial, nos encontramos ante una ley ambiciosa, que se marca unos objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero para 2030 del 40% respecto a 1990 y del 100% para 2050); coherente con el marco estratégico de la Unión de la Energí­a, aprobado en 2015, en el que se impulsa la generación descentralizada que favorece la descarbonización de la economía. Además, es una norma ejemplarizante; la ley preveía introducir un impuesto para gravar las emisiones del CO2 de los coches, y con los impuestos recaudados alimentarían un “fondo climático”, así como otro para impulsar la protección del patrimonio natural. En total, se preveía ingresar unos 100 millones de euros al año.

Una Ley que, a pesar de su ambición, o precisamente por ello, fue impugnada por el Gobierno de Rajoy en un momento en el que el mundo celebraba la aprobación, hace 20 años, del Protocolo de Kyoto, y el Acuerdo de París de 2015, dos documentos que urgen a los gobiernos a actuar de manera inmediata contra el cambio climático y a poner objetivos concretos y evaluables.

Hace unos días, y con idéntica ambición, el Govern Balear presentó su anteproyecto Ley de lucha contra el Cambio Climático que, entre diferentes medidas, incluye la voluntad de que todos los coches que entren en las islas sean eléctricos en 2050, y el cierre de su única central eléctrica que funciona con carbón, la del municipio de Alcúdia, en Mallorca. Aunque es probable que choque contra el muro del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que intenta sacar adelante, pero por la puerta de atrás, un decreto para impedir la clausura de este tipo de instalaciones argumentando que podría afectar al precio de la electricidad.

Lo comprobaremos, seguramente, muy pronto; porque lamentablemente no nos sorprendió la reacción ante la Ley catalana tratándose de un Gobierno que ha sido muy lento y que se ha mostrado muy tibio en reconocer la importancia del cambio climático y que sigue siendo más sensible a las presiones del oligopolio energético que a los problemas ambientales.

Aún estamos a tiempo de no situarnos en el peor escenario posible, pero para eso hay que ponerse en marcha de manera urgente. Por suerte, el medio ambiente y el cambio climático se van abriendo hueco en la agenda política; como hemos visto algunas comunidades autónomas han dado el paso con más o menos éxito, las ciudades han asumido el protagonismo tras años de dejadez de Gobiernos que no habían entendido nada. Ahora sólo falta que el Gobierno central decida dónde quiere situarse en esta batalla contra el tiempo; y, si va a hacerlo del lado de quienes han tirado la toalla y se han salido del acuerdo de París, al menos deberá abandonar el papel de perro del hortelano, y dejar de bloquear las iniciativas de quienes sí han apostado por actuar. Porque al final, todos tendremos que rendir cuentas ante las generaciones futuras y para ello deberemos mirar dónde estábamos cuando pudimos hacer algo.

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Un comentario

  • El 23.02.2018 , pablo jimenez ha comentado:

    La afirmación “el cierre de su única central eléctrica que funciona con carbón, la del municipio de Alcúdia, en Mallorca”, referida a Baleares, no es del todo exacta. Existe otra instación de estas características en Maó (Menorca)

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