12.05.2018

¿Por qué no nos echamos ya a la calle para protestar contra la corrupción?

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Fotografía: Diego Lara.

Fotografía: Diego Lara.

Según el barómetro del CIS de marzo, la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los españoles después del paro. Aun así, parece que la toleramos, que no castigamos adecuadamente a los corruptos a la hora de votar, retirándoles totalmente nuestra confianza. ¿Por qué? La razón hay que buscarla en la cultura y en la historia. El bagaje acumulado en la sociedad española ha influido notablemente en una relativa aceptación del abuso en el ejercicio del poder.

Cajas B, ERES fraudulentos, ‘tarjetas black’, desvío de fondos para la visita del Papa, para la construcción de un velódromo, para el Palau de la Música, para cursos de formación, para proyectos de cooperación internacional, concesiones irregulares, 3% en comisiones por obra pública… Los casos de corrupción colapsan los medios de comunicación de nuestro país a un ritmo desenfrenado, para indignación de una ciudadanía especialmente sensibilizada por los efectos de la reciente crisis económica.

Según el barómetro del CIS de marzo, la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los españoles por detrás exclusivamente del paro. En el último Eurobarómetro, los españoles fuimos los europeos que consideraron más corruptos a sus políticos. Y en el índice de percepción de la corrupción elaborado por la organización Transparencia Internacional, en 2017, España descendió hasta el puesto 42, en una caída libre que, año tras año, parece no tener fin (en 2001 ocupaba la posición 23).

No obstante –tal y como expresa Manuel Villoria en su ensayo La corrupción en España: rasgos y causas esenciales-, aunque la corrupción ha situado al país en un punto de profundo agotamiento, que está afectando a su imagen internacional, a la economía y a la desconfianza hacia las instituciones, no presenta todavía un escenario de corrupción sistémica.

Si tomamos como referencia el número de condenas o denuncias abiertas por dicho motivo o encuestas de percepción en general, es evidente que la deriva es muy preocupante. Pero en las encuestas de victimización, en las que se pregunta a los ciudadanos por sus experiencias directas en el pago de sobornos o de extorsiones sufridas por parte de funcionarios del Estado, España no revela niveles de corrupción estructural, como sí sucede en países en los que cualquier policía te puede parar y reclamarte una mordida, en los que para acceder a un servicio público básico tienes que contribuir con una gratificación o donde las decisiones de los jueces están directamente dictadas por el poder político. Desde ese prisma, los datos de España son muy similares a los de Alemania, Suiza, Noruega e, incluso, Finlandia, países que encabezan las clasificaciones de integridad institucional.

Con todo, no conviene ni minimizar la gravedad de la situación, ni posponer la aplicación de medidas contundentes que actúen sobre la esencia de un problema que pese a que ha sucedido en todas las épocas y partes, sí que es posible reconducirlo a una menor expresión.

La ciencia avala la existencia de un impulso en los seres humanos tendente a priorizar el interés propio. Se trata de un mecanismo básico de supervivencia presente en el reino animal. Aquellos sectores que han tenido una posición dominante a lo largo de la historia han tratado de reafirmar esa tesis en unos términos cuanto más radicales mejor: la constatación de que la tendencia natural del ser humano es la de guiarse por su beneficio particular pero, además, según ellos, de modo excluyente; es decir, en términos de competición respecto a sus congéneres, en un intento –obvio- de justificar su situación preponderante.

Pero desde una perspectiva biológica no se puede asegurar que esa tendencia innata entre en contradicción con otros impulsos, también inherentes al ser humano, tales como la empatía o las estrategias de colaboración, que son favorecedoras de un interés común.

Numerosos estudios de comportamiento humano han constatado que, aunque el egoísmo es una querencia prioritaria, no prevalece por norma. En la Universidad de Zúrich se llevó a cabo un experimento para comprobar el comportamiento de cien personas a las que se invitaba -encerradas en una habitación a solas y garantizando su anonimato- a lanzar una moneda al aire cuatro veces. Posteriormente, los voluntarios podían retirar de un cajero automático 10 euros por cada vez que afirmasen que hubiese salido cruz. Aunque la posibilidad de que se repitiese cuatro veces seguidas era tan solo de un 6,25%, finalmente hasta un 35% afirmó ese supuesto. Pero lo que más asombró a los investigadores fue, precisamente, que el 65% no eligiera esa opción cuando no había ningún condicionante externo que les impidiera hacerlo.

El estudio avaló, en sus conclusiones, que esta conducta respondía a una serie de valores intrínsecos que, una gran mayoría, anteponemos cuando actuamos. No se trataba tanto de una renuncia a un beneficio particular como de que la satisfacción personal -y por tanto la ganancia– es superior si obramos correctamente, en arreglo a unos criterios éticos compartidos. Si hay sociedades menos corruptas que otras es porque han conseguido establecer un contexto de interrelaciones personales –por medio de la educación y las normas- en el que se otorga un peso relevante a la honestidad a la hora de ponderar su cálculo de beneficios. Según corroboró la revista Nature en 2016, la ley y la mirada social influyen decisivamente en nuestra conducta. Y por ello mismo, aunque de forma contraria, aquellos que viven en sociedades donde casi todo el mundo rompe las normas tienen más probabilidades de no sentirse afectados por incumplirlas.

El bagaje acumulado en la sociedad española ha influido notablemente en una relativa aceptación del abuso en el ejercicio del poder. Durante la España del Duque de Lerma, el umbral de la honradez en la vida pública alcanzó sus cotas más bajas -tal y como retrató el subgénero literario de la novela picaresca- hasta el punto de establecer las bases de una construcción cultural, cuyos efectos aún perduran. La conciencia clientelar instaurada en España durante el s. XIX, su consolidación con el caciquismo fraguado durante el periodo de la Restauración y la posterior dictadura franquista contribuyeron a delimitar una determinada visión de la gestión del poder, en la que se asumían los privilegios. En el contexto actual, todavía persiste no solo la creencia de que el gobernante no sirve desinteresadamente, sino también -en dicha lógica y por interés- cierta tolerancia hacia la comisión de irregularidades, siempre y cuando se mantengan en un nivel aceptable y la situación económica –el rédito- resulte favorable.

Eso explica que muchos españoles no protestaran durante el periodo de mayor especulación y bonanza urbanística, de 2001 a 2006, cuando los índices de percepción de corrupción incluso se situaron en niveles mínimos; o lo más flagrante: que las formaciones que suman más casos de corrupción luego no sufran un castigo proporcional en las citas electorales. La conciencia social resultante es la de un país en el que cuatro de cada diez ciudadanos, según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Fiscales en 2013, justificaba la evasión de impuestos, con uno de los índices de piratería más altos del mundo, donde eludir el IVA, el pago en negro, maquillar un curriculum o aprovecharse del enchufismo resultan aceptables para muchos. Circunstancias que no constituyen un abuso de poder, pero que sí suponen una normalización de la trampa.

Por todo esto, de las muchas medidas que caben tomar en la lucha contra esta lacra, no hay ninguna que tenga tanta importancia como la educación, a fin de transmitir valores éticos que fortalezcan la honestidad, la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Fomentar en la ciudadanía una cultura de intolerancia a la ilegalidad y una conciencia que prestigie el valor de lo común, aprovechando los entornos tecnológicos propicios para la participación ciudadana y para la transparencia total de la acción pública y sus actores, así como una mayor provisión de recursos y un marco normativo para regular, controlar y sancionar con mayor firmeza e independencia, a las distintas esferas que detenten poder.

En otras palabras, es necesario tejer un marco de convivencia social –ético y juridico- en el que el vínculo con los otros y la integridad sean valores tan asumidos que, en ese cómputo personal del beneficio de nuestras acciones, no salga a cuenta engañar ni consentir lo que desde hace tanto tiempo venimos permitiendo con nuestros votos y haciendo la vista gorda.

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Sobre el autor

Javier Alberdi
"Aunque casi toda su vida profesional se ha centrado en el ámbito de las tecnologías, no hace mucho decidió dar un giro y orientarse hacia aquello que verdaderamente le apasionaba: escribir y comunicar. Entusiasta de cualquier aspecto que tenga que ver con el pensamiento y la expresión artística, en la actualidad colabora con varios medios y trabaja en un proyecto editorial compartido, así como en una novela propia. Su Twitter: @javieralberdi Su blog: javieralberdiblog.com

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3 comentarios

  • El 12.05.2018 , JCLM ha comentado:

    Hermoso e ingenuo a la vez. La educación es un camino que le viene bien a las sociedades en las que no hay estos niveles de impunidad.

    O, en castellano: En el instante en que el castigo sea tan real y tan duro como lo es en Finlandia o en Suecia, estos HDP dejarán de robarnos. Así de simple.

  • El 13.05.2018 , IGG ha comentado:

    No son sólo los políticos. Si bien el nivel de desvergüenza, descaro e impunidad no son comparables, el artículo acierta en poner el foco de esa tolerancia en la normalización que de ese comportamiento hace toda la sociedad. En España son aceptados comportamientos que en otras sociedades ni se toleran. Tenemos un serio problema de difícil solución.

  • El 13.05.2018 , Sopri ha comentado:

    Así es, no son solo los políticos. Cada uno a su escala trinca y se cree listo.

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